Anosognosia, nueva enfermedad de la derecha

La nueva propuesta del alcalde Alberto Ruiz Gallardón en el marco de las elecciones de Mayo está generando controversias por todos lados. Ya se sabe que la polémica es un recurso infalible para llamar la atención y esa debe ser la razón principal de que el alcalde solicite una normativa estatal que permita a los ayuntamientos obligar a los «sin techo» a salir de la calle. Eso sí, siempre y cuando haya recursos asistenciales «suficientes y gratuitos» para atenderles, aclara Gallardón. Para él, las personas que duermen en la calle «realizan un uso privativo» del espacio público. Voces como la de Esteban González Pons se han apresurado a decir que la propuesta «tiene sentido humanitario». El vicesecretario de comunicación del Partido Popular (PP) ha añadido que «todo el mundo tiene que tener una alternativa a dormir en la calle y los ayuntamientos tienen que tener un lugar donde ubicar a las personas que no tienen un espacio donde dormir, o no pueden acceder a su vivienda o al sitio privado donde tienen para vivir». Que los sin techo tienen una vivienda o un sitio privado constituye, cuando menos un oxímoron (esa figura literaria sinónimo de absurdo), por no llamarlo una cínica broma de mal gusto. Estos dirigentes confunden la gimnasia con la magnesia. Dar una cama transitoria en un albergue no significa dar un techo permanente que permita estabilidad a un individuo. Eso, suponiendo que existan suficientes camas, cosa que la realidad parece negar. Un techo tampoco es un hogar, que no solo es un sitio para comer y descansar sino que presupone unas condiciones de vida, de intimidad y la presencia de unos lazos afectivos (aunque sea de vecinos). En Madrid se calcula que cada día del año existe una media de 907 de personas sin hogar y de ellas hay entre 300-400 individuos que malviven en esta situación de forma crónica. Un 10% de las personas sin hogar tiene estudios universitarios y 2 de cada 3 estudios de segundo ciclo y muchos tienen una profesión concreta que han ejercido. Cabe entonces preguntarnos: ¿Por qué quieren pernoctar en la calle sin tienen una cama disponible?. La respuesta puede ser: anosognosia, ese estado en que una persona no sabe que está enferma debido a un mal funcionamiento cerebral que provoca un síndrome neurológico donde los enfermos desconocen su enfermedad. Es un mal común asociado a la enfermedad mental y al abuso severo de alcohol y drogas, condiciones estas que, juntas o por separado, coexisten en el 30 al 60 % de los sin hogar. Entonces, la solución no está en violar sus derechos y obligarlos a dormir en una cama sino en garantizar un programa integral contundente de intervención que incluya la posibilidad de tratamiento, el apoyo sicosocial adecuado y la estabilidad de un hogar. Me temo que algunos políticos, al ignorar lo que es evidente, también estén sufriendo de anosognosia.

El impuesto a la diabetes

La Organización Mundial de Salud lleva años recomendando incluir la salud en todas las políticas dándole un papel de primer orden en la agenda de lo público. También ha alertado de la privatización y del copago, denunciando con estadísticas la amenaza que para la equidad suponen medidas de ese tipo. En Diciembre pasado. la subdirección de Aseguramiento de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid diseñó una propuesta que incluye el copago en diversas prestaciones como son las comidas hospitalarias, la vacuna contra el papiloma humano, la atención bucodental, la reproducción asistida, las sillas de ruedas, y entre otros, el material de control de la diabetes. Madrid y los altos intereses de algunos son sordos, pero por conveniencia. El copago es solo un impuesto aplicado al enfermo para favorecer a empresas privadas. El de los diabéticos ya está en camino.

La salud mental de los gatos

Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. En la Unión Europea, el 20% del gasto sanitario lo ocupa el tratamiento de la enfermedad mental. En España hay un 9% de la población con algún padecimiento de esta índole. En un estudio del 2009, se reportaba que la depresión y la artrosis/artritis son las dos condiciones crónicas de salud que tienen el mayor impacto sobre la calidad de vida para los madrileños. Estos datos se pueden encontrar con un simple golpe de teclado en las páginas web de reputados centros de investigación universitaria. Ante este panorama, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió eliminar la Oficina Regional de Salud Mental en los presupuestos de 2011. Eran cerca de 60 millones de euros que, al desaparecer, fuerza a que los centros de salud mental sean engullidos por los hospitales generales. Ni siquiera el gobierno norteamericano de George W. Bush se atrevió a eliminar los centros de salud mental que existen en ese país por ley federal desde 1963. La razón de existir de estos centros es simple: integrar al enfermo mental a la comunidad y alejarlo de la institucionalización que representa el hospital. Y sobre todo, debido al estigma que este padecimiento conlleva, garantizarle al paciente un acceso a los servicios con mayor privacidad. Vamos, lo mismo que reclamaba Esperanza Aguirre en lo de la foto de la camilla. Se sabe que los problemas de salud mental prevalecen en mujeres, inmigrantes, pobres y desempleados. Entonces, el perfil del candidato a una depresión o a una crisis de ansiedad se ajusta a muchos madrileños. La salud mental de los gatos está en peligro.